Tomado de Periodismo Humano

Valdivia, fábrica que pretende tender una cañería de 36,9 kilómetros, produce 550.000 toneladas anuales de celulosa de exportación. En marzo, el caudal variable del río Cruces la obligó a frenar las labores, cuando llegó por debajo de los cinco metros cúbicos por segundo, límite mínimo establecido por las autoridades para la producción de celulosa, que insume mucho agua.

Chile aporta seis por ciento de las 48 millones de toneladas de celulosa para papel que se transan cada año en el mundo. Las ventas del producto ascendieron el año pasado a 1.790 millones de dólares. El sector forestal es responsable de 3,1 por ciento del producto interno bruto nacional.

La población afectada por el ducto –autorizado el 24 de febrero de 2010 por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) y cuya construcción insumiría dos años– se compone de 20 comunidades lafkenches y pescadores artesanales de Mehuín, Cheuque, La Barra y Mississippi.

Hay además otra veintena de comunidades indígenas situadas algo más al sur y organizaciones sindicales con casi mil pescadores asociados que también podrían sufrir en caletas y áreas vecinas.

“Aquí hay víctimas, comunidades indígenas” a las que se vulneran “espacios ceremoniales”, como un cementerio indígena que sería cortado por el trazado del ducto, dijo a IPS el portavoz del Comité de Defensa del Mar, Eliab Viguera.

El Comité interpuso ante la justicia recursos contra la autorización de la Corema y reclamó la defensa de la integridad y la vida de los pescadores y lafkenches y el derecho de pertenencia costera de esos pueblos indígenas, establecido por ley. Pero el pedido fue rechazado en la Corte Suprema de Justicia.

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